Galicia exige un fondo que garantice la pensión a los hijos de padres separados
El Parlamento aprobó ayer por unanimidad una propuesta del PSOE para reclamar a Madrid un proyecto de ley
El Gobierno adelantaría el dinero y después se encargaría de cobrarlo.
Para recibir la ayuda, las familias no deben superar el doble del salario mínimo
El Parlamento gallego aprobó ayer por un acuerdo unánime de sus tres grupos políticos, una proposición no de ley por la que exigen al Gobierno estatal la creación de un fondo para garantizar la manutención de los hijos de padres separados.
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Estos recursos se utilizarían en el caso de que, tras la sentencia del juez que obliga a uno de los progenitores a pasar una pensión a sus hijos, éste se retrasa, o simplemente deja de enviar dinero. Con el fondo de garantía no sólo se evitará la situación de precariedad por la que pasan muchas familias, sino que el cónyuge que tiene la custodia no tendrá que emprender acciones legales contra su ex pareja, ya que es la propia Administración quien las llevará a cabo tras adelantar el dinero.
Vieja reivindicación
Esta propuesta, presentada por el Grupo Socialista, es una vieja reivindicación de este partido. De hecho, el PSOE llevó ya a las Cortes una iniciativa semejante hace aproximadamente un año, que rechazó el PP. Posteriormente, los socialistas gallegos hicieron lo mismo en la Cámara autonómica, pero el PP -aunque conforme con el contenido de la propuesta- la rechazó al considerar que el ámbito adecuado de aplicación era el estatal.
Ahora el Parlamento gallego da luz verde a esta petición, para que se legisle un proyecto de ley sobre este fondo de garantía del pago de alimentos. Paula Janza, la portavoz popular que intervino en el debate, señaló que se trata de una iniciativa muy positiva, «ya que se da una situación de desamparo en múltiples ocasiones».
En España ninguna comunidad ha desarrollado una legislación específica para crear un fondo común que garantice la manutención de los menores, pero Valencia impulsó ya un mecanismo semejante a través de acuerdos con entidades financieras.
La socialista Margarita Pérez, que fue la encargada de presentar la proposición, recuerda que en los casos de divorcio se producen numerosas irregularidades por parte del cónyuge que debe pasar la pensión, mediante la ocultación de bienes o poniéndolos a nombre de otras personas, por lo que el proyecto de ley para crear este fondo no sólo garantizará la cobertura de las necesidades de los menores, sino que será la propia Administración la que investigará cualquier posible irregularidad.
«El Estado anticipa el dinero, y después será él el que intente cobrar, en el caso de que haya recursos», concluye.
Elisa Álvarez (santiago)
Vieja reivindicación
Esta propuesta, presentada por el Grupo Socialista, es una vieja reivindicación de este partido. De hecho, el PSOE llevó ya a las Cortes una iniciativa semejante hace aproximadamente un año, que rechazó el PP. Posteriormente, los socialistas gallegos hicieron lo mismo en la Cámara autonómica, pero el PP -aunque conforme con el contenido de la propuesta- la rechazó al considerar que el ámbito adecuado de aplicación era el estatal.
Ahora el Parlamento gallego da luz verde a esta petición, para que se legisle un proyecto de ley sobre este fondo de garantía del pago de alimentos. Paula Janza, la portavoz popular que intervino en el debate, señaló que se trata de una iniciativa muy positiva, «ya que se da una situación de desamparo en múltiples ocasiones».
En España ninguna comunidad ha desarrollado una legislación específica para crear un fondo común que garantice la manutención de los menores, pero Valencia impulsó ya un mecanismo semejante a través de acuerdos con entidades financieras.
La socialista Margarita Pérez, que fue la encargada de presentar la proposición, recuerda que en los casos de divorcio se producen numerosas irregularidades por parte del cónyuge que debe pasar la pensión, mediante la ocultación de bienes o poniéndolos a nombre de otras personas, por lo que el proyecto de ley para crear este fondo no sólo garantizará la cobertura de las necesidades de los menores, sino que será la propia Administración la que investigará cualquier posible irregularidad.
«El Estado anticipa el dinero, y después será él el que intente cobrar, en el caso de que haya recursos», concluye.
Elisa Álvarez (santiago)