Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

Ayuda práctica, jurídica y psicológica padres, madres, separados, divorciados e hijos

El proceso matrimonial en la nueva LEC

De: Rodrigo Lacueva Bertolacci
Fecha: Octubre 2002
Origen: Noticias Jurídicas

Publicado el

1. Introducción

No hace mucho se produjo el vigésimo aniversario de la llamada Ley del Divorcio en España, promulgada en 1981, cumpliéndose así el mandato establecido en nuestra Carta Magna de 1978.

En concreto el art. 32 establece el derecho que tiene, todo hombre y mujer, a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica; así cómo la regulación que debe hacer la ley en cuánto a las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos. Del mismo modo, el art. 39.2, cómo principio rector de la política social y económica, determina la obligación de los poderes públicos por asegurar la protección integral de los hijos (...), y de las madres, cualquiera que sea su estado civil.

No obstante, la experiencia y, fiel reflejo de ello, los datos estadísticos del propio Consejo General del Poder Judicial 1; nos evidencian cómo la institución matrimonial se encuentra gravemente dañada. Proliferan las separaciones matrimoniales y los divorcios, tanto de común acuerdo cómo sin acuerdo (los llamados contenciosos).

Asimismo, se constata que, cada vez más, sobre todo entre los jóvenes, existe una crisis espiritual ante toda confesión religiosa, que implica el nacimiento de nuevas formas de uniones de carácter estable entre hombres y mujeres, y cómo no, entre seres del mismo sexo, sin pasar por una celebración religiosa ni de carácter civil. Ello se debe, para no faltar a la verdad, no simplemente a una "rebelión" a pasar por la vicaría, sino a cualquier forma de imposición o formalidad legal de compromiso ante la sociedad, haciéndose caso omiso a las consecuencias jurídicas individuales que puedan ocasionar y a las generadas entre ellos, así cómo respecto a las que se producen entre ellos y la sociedad en cuánto al tráfico jurídico se refiere.

No debemos olvidar, del mismo modo, a las obligaciones que toda pareja contrae por el mero hecho de la concepción de un nuevo ser a este mundo respecto de éste y entre ellos.

A todas estas cuestiones -y otras muchas más- son las que pasaremos a analizar a continuación, desde un punto de vista procesal, tras la entrada en vigor de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC 2000) derogándose así las disposiciones adicionales contempladas como instrumento para solucionar las crisis matrimoniales en la Ley 31/81.

Esta ley, de carácter modificativo del Código civil en materia matrimonial, dio normas procesales determinando el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio. Normas que aunque tenían carácter provisional ("en tanto no se modifique la ley de enjuiciamiento civil", se decía han regido hasta nuestros días, ya que las disposiciones adicionales reguladoras han sido derogadas por la disposición derogatoria única de la LEC 2000 que, en su número 10, deroga todos los preceptos procesales contenidos en aquellas disposiciones adicionales.

La LEC 2000 dedica el Capítulo IV del Libro IV ("De los procesos especiales") a los procesos matrimoniales agrupados junto a los procesos sobre capacidad, filiación y de menores en el Título I de dicho Libro.

Además de las disposiciones generales, en las que se contienen normas aplicables a todos estos procesos cómo las relativas a la intervención del Ministerio Fiscal (art. 749), a la representación y defensa (art. 750), a la indisponibilidad (art. 751), a la prueba (art. 752), a la tramitación (art. 753), a la exclusión de la publicidad procesal (art. 754) y al acceso de las sentencias a los Registros públicos (art. 755); el citado Capítulo IV dedica sus artículos a la competencia (art. 769), al procedimiento (art. 770), a las medidas provisionales y definitivas (arts. 771 a 774), a la modificación de estas últimas (art. 775), a la ejecución de los pronunciamientos sobre medidas (art. 776), a la separación o divorcio de mutuo acuerdo (art. 777) y a la eficacia de las resoluciones de los Tribunales eclesiásticos (art. 778).

2. Concepto y naturaleza de los procesos de familia Definir términos nunca es fácil, máxime si hablamos de una institución -la familia- que, cómo anteriormente se ha reseñado, se encuentra actualmente en una crisis importante, incluso de pérdida de identidad, dónde la sociedad y sus representantes políticos no conformes con la definición clásica de familia; pretende darle una nueva orientación dónde tenga cabida todo tipo de unión de carácter más o menos estable (parejas de hecho de distinto o mismo sexo, matrimonios religiosos, civiles, etc.).

Así una definición de PROCESO MATRIMONIAL podría ser la de aquél instrumento o cauce determinado en la ley con objeto de resolver judicialmente todas aquellas cuestiones referentes al estado civil de la persona, así cómo las repercusiones civiles derivadas durante el transcurso de tiempo en que la unión matrimonial entre dos personas de distinto sexo ha derivado, respecto de la defensa de sus intereses y de los menores que, en su caso, hubieren.

Para TOMÉ PAULE3;, son procedimientos de cognición, plenarios, especiales, de carácter inquisitivo, pertenecientes al Derecho de familia y, por lo general, de efectos constitutivos con los que se pretende la solución jurisdiccional de las cuestiones surgidas como consecuencia de una crisis matrimonial.

Se tome la definición que se tome, puede observarse que existen una serie de notas esenciales en todo procedimiento de familia que hacen y configuran su naturaleza. Podríamos resumirlas en cuatro desarrolladas ampliamente más adelante. A saber:

Son procesos judiciales en los que la pretensión del petitum es una resolución judicial (sentencia, generalmente) después de la tramitación del correspondiente procedimiento ante el órgano jurisdiccional competente.

Son plenarios, es decir, no se dan las características de la sumariedad; por lo que las sentencias producirán efectos de cosa juzgada, sin perjuicio que posteriormente puedan ser modificadas por la variación sustancial de las relaciones personales de los directamente en ella afectados.

Son especiales porque así lo ha querido expresamente el legislador.

Poseen, en ciertos aspectos, un marcado carácter inquisitivo dado el amplio margen de maniobra otorgado al juez por los preceptos aplicables, sobre todo en materia probatoria; lo que implica una disminución efectiva del principio de justicia rogada o dispositivo inspirador de todo proceso civil.

3. Regulación conjunta de los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores De una lectura detallada de los preceptos aplicables a los procesos matrimoniales se aprecia la existencia de unos artículos -del 748 al 755 (Título I Libro IV)- de aplicación no sólo a los mismos, sino como el propio capítulo I señala, son DISPOSICIONES GENERALES aplicables a los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores.

El legislador entendió al redactar la ley que la naturaleza especial que los mismos poseen podía contener una serie de normas comunes que simplificara una desarrollo pormenorizado de cada uno de los procesos. Ello se deriva de lo manifestado en la exposición de motivos del texto legal, en su apéndice XIX, dónde se justifica un tratamiento común de estos procedimientos, dentro del libro de procesos especiales, porque no rige el principio dispositivo o debe ser matizada su influencia en razón de un indiscutible interés público inherente a su objeto procesal.

La LEC 2000 sistematiza y otorga un tratamiento homogéneo a estas materias que comparten unas características comunes, ya que antes estaban contempladas en normas dispersas. El estado matrimonial es una cuestión que afecta al estado civil de la persona, respecto del cuál impera no sólo un interés privado de los afectados sino fundamentalmente un interés de naturaleza pública.

Así lo ha reconocido la jurisprudencia, que respecto a los procesos de filiación, y es extensible al resto de procesos incluidos en este Título, afirma que en ellos "está en entredicho algo tan importante como el status de una persona, afectando al interés general y orden público, no entregado por ello a ningún interés particular o partidista4.

Este interés público se traduce en una atenuación o interpretación flexible del principio dispositivo y el de aportación de parte, sin que esto signifique que deban ser sustituidos totalmente por el principio de oficialidad y de investigación de oficio. Principios, estos últimos, que operarán con mayor fuerza en algunos de estos procedimientos, como son los de capacidad de la persona. De esto modo la jurisprudencia lo ha calificado como a un "tertium genus, entre el derecho privado y público5".

ver completo en archivo asociado