Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

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El Tribunal Constitucional anula una sentencia en que se priva a un padre de la custodia de una hija de dos años

El Juzgado nº 1 de La Carolina y la Audiencia Provincial de Jaén aplicaron un artículo derogado por el T.C. y por Ley 11/1990, el artº 159 CC,
Según afirma la Audiencia "si los padres vivieren separados y no decidiesen de común acuerdo, los hijos e hijas menores de siete años quedaran al cuidado de la madre, salvo que el Juez, por motivos especiales, proveyere de otro modo".

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6. Por diligencia de ordenación de la Secretaria de Justicia de la Sección Segunda de este Tribunal de 30 de abril de 2003 se tuvieron por recibidos los testimonios de actuaciones remitidos por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de La Carolina y la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Jaén, y por efectuados los emplazamientos, teniéndose por personada y parte al Procurador de los Tribunales don Carlos Piñeira de Campos en nombre y representación de doña María Ángeles F. M. y, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se ordenó dar vista de las actuaciones por plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y a los Procuradores doña María Cristina Huertas Vega y don Carlos Piñeira de Campos, para que dentro de dicho plazo pudieran presentar las alegaciones que a su derecho conviniesen.

7. El Ministerio Fiscal interesó el otorgamiento del amparo solicitado mediante escrito registrado en este Tribunal el día 29 de mayo de 2003. Comienza el Ministerio Fiscal precisando que, aunque el demandante invoque también la vulneración del art. 14 CE, el objeto de la pretensión de amparo se ciñe a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por aplicar una norma derogada para resolver la cuestión (el art. 159 CC, en su redacción anterior a la Ley 11/1990), de suerte que la vulneración del art. 14 CE tiene directamente su origen en la aplicación de la norma en cuestión, por lo que no resulta entrar a examinar esta vulneración si se estima la que queja relativa a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Y esta queja debe ser estimada, sostiene el Fiscal, porque en efecto la pretensión deducida en el proceso fue resuelta aplicando una norma, el art. 159 CC, en su redacción anterior a la Ley 11/1990, que establecía una preferencia a favor de la madre para que le fuera confiado el cuidado de los hijos menores de siete años en el caso de que los padres vivieren separados y no decidiesen de común acuerdo cuál de ellos habría de ocuparse de los mismos. A partir de la modificación operada por la Ley 11/1990, dictada precisamente, como dice su título, en aplicación del principio de no discriminación por razón del sexo, el art. 159 CC prescribe que el Juez decidirá siempre en beneficio de los hijos a cual de los dos progenitores habrá de confiar el cuidado de los mismos, por lo que desaparece cualquier preferencia que, por razón de la edad de los hijos, pudiera corresponder a la madre conforme a la redacción anterior del precepto en cuestión. Estamos así ante la selección arbitraria o manifiestamente irrazonable o fruto de un error patente de una norma que resulta decisiva para el fallo (STC 203/1994), que ha producido una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, porque la pretensión resuelta mediante la aplicación de una norma derogada no ha recibido una respuesta fundada en Derecho, sino solamente una mera apariencia de resolución que es incompatible con los postulados de seguridad jurídica, de vinculación a la Ley y de proscripción de la arbitrariedad de los poderes públicos que se contienen en el art. 9.3 CE.

En consecuencia, concluye el Fiscal interesando que se dicte Sentencia otorgando el amparo solicitado, declarando que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante, anulando la Sentencia impugnada y ordenando la retroacción de las actuaciones al momento de dictarse la Sentencia anulada para que en su lugar se dicte otra por la Audiencia Provincial de Jaén que sea respetuosa con el derecho fundamental lesionado.

8. La representación procesal del demandante de amparo formuló sus alegaciones con fecha 29 de mayo de 2003, reiterando su petición de suspensión de la ejecución de la Sentencia impugnada, conforme a las argumentaciones expuestas en su escrito de alegaciones presentado en la pieza separada de suspensión, y ratificándose en los argumentos expuestos en la demanda de amparo en cuanto a la vulneración de los arts. 14 y 24.1 CE. La representación procesal de doña María Ángeles F. M. no presentó escrito de alegaciones.

9. Por providencia de 10 de julio de 2003, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 14 del mismo mes y año, acordando por ello no ser necesario proveer sobre la suspensión interesada.