Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

Ayuda práctica, jurídica y psicológica padres, madres, separados, divorciados e hijos

Comentario a la Ley de Mediación Familiar de Canarias

De D. César Montero, Presidente APFS de Las Palmas

Las Palmas de Gran Canaria a 06 de Junio del 2003

Ilustrísimo Diputado del Común D. Manuel Alcaide Alonso

Publicado el

Me dirijo a Vd. con el conocimiento y la experiencia de formar parte de la Confederación Estatal de Padres y Madres Separados, que en la actualidad está creando centros de mediación y puntos de encuentro por toda España (País Vasco, Madrid, Valencia, Barcelona, Valladolid, etc...) y desde la experiencia adquirida a través de años de funcionamiento de centros de mediación en el País Vasco que han conseguido reducir la conflictividad familiar en un 30 %.

LEY DE MEDIACIÓN FAMILIAR CANARIA:

Cómo bien se explica en el preámbulo, la mediación familiar surge como un “instrumento o medida que ayuda a gestionar la resolución efectiva de las crisis familiares, a través de la participación de los propios familiares en conflicto”.

Efectivamente, es un valioso recurso más a utilizar que puede prevenir los numerosos conflictos personales y judiciales que actualmente se están sucediendo, tales como la violencia doméstica, rapto de niños, consecuencias psicológicas nefastas para los mismos, padres que quedan eximidos de su responsabilidad como padres, niños que pierden sus derechos constitucionales e internacionales a mantener contacto con ambos padres, etc.

No obstante, desde nuestra experiencia y conocimiento consideramos que son criticables ciertas propuestas descritas en esta Ley. De esta manera, consideramos que la presente Ley parece estar más centrada en los fines lucrativos que, verdaderamente, en la ayuda real a las familias.

Necesitamos de la mediación familiar, pero para que sea realmente efectiva debe ser gratuita, obligatoria y multidisciplinar.

La gratuidad se caracteriza por se dependiente de los organismos públicos competentes; la obligatoriedad hace referencia a que antes de pasar por los Juzgados para obtener la separación y divorcio, se nos obligue también a ir a centros de mediación familiar para prevenir y resolver los conflictos que se puedan derivar, siempre pensando en el bienestar de nuestros hijos y; por último, la multidisciplinariedad de los profesionales puesto que los conflictos son tan diversos que debe haber una interrelación de conocimientos.

Además, consideramos que la figura del mediador debe ser más activa e implicada, sin dejar de ser objetiva e imparcial. Simplemente, lo que se expone en esta Ley acerca del mediador es: cómo mantenerse al margen, lavarse las manos y cobrar por su trabajo.

Quizás esta propuesta haya comenzado con unos fines sociales pero, desde luego, se perdieron por el camino.

Somos conocedores de la problemática y nos sentimos impotentes y marginados (somos parte implicada y nuestra experiencia y conocimiento consideramos que son a tener en cuenta) al ver que una iniciativa tan fuerte se haya malinterpretado en su forma, es decir, se habla de ayuda a las familias en conflictos pero se cierran las puertas detrás de los despachos privados, se habla de voluntariedad y efectividad cuando la realidad es bien distinta (si uno no quiere, no hay nada que hacer y, ¿entonces qué?

Los niños siguen viendo la realidad de que sus padres continúan litigando en los juzgados generando más odio, rencor y violencia), se habla de consejerías competentes pero lo cierto es que todo esto está en pañales intentando algunos repartirse el pastel del calvario que suponen las separaciones y otros quitándose las responsabilidades de encima.