Trámite de urgencia para impulsar la erradicación de la violencia de género
-Los partidos se unen para adelantar a junio las medidas de protección física, legal y económica
-La iniciativa busca superar la concepción patriarcal enraizada aún en la sociedad.
Las mujeres que deban abandonar su domicilio recibirán 900 euros
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De «día histórico» calificaron ayer los portavoces de todas las fuerzas del Parlamento español y el Gobierno al suscribir de forma unánime la proposición de ley que activará la orden de protección integral a las víctimas de violencia doméstica, una vez supere el trámite parlamentario de urgencia que arrancó en el Congreso.
Los representantes de los grupos y los ministros de Justicia y de Trabajo y Asuntos Sociales destacaron la trascendencia, simbólica primero, y sobre todo práctica de la orden de protección y del estatuto integral que otorgará a sus beneficiarias a partir del momento en que la decrete el juez —de guardia u ordinario— encargado.
La orden de protección viene a saldar, en palabras de Mª Jesús Sáinz, del PP, «una deuda pendiente» de las instituciones políticas con las víctimas de la violencia de género; al menos el 11% de las españolas mayores de edad, según cálculos oficiales.
No caben, sin embargo «lecturas triunfalistas», advirtió Mercé Pigem, de CiU. Lo más duro sigue pendiente, erradicar la violencia y la concepción patriarcal y machista enraizada aún en la sociedad española.
Los grupos parlamentarios se han comprometido a tramitar de manera urgente a lo largo del mes de junio la Ley del Estatuto de Protección Integral de la Víctimas. De este modo podría entrar en vigor antes del verano, esperan todos, sin nuevas demoras.
Los representantes de los grupos y los ministros de Justicia y de Trabajo y Asuntos Sociales destacaron la trascendencia, simbólica primero, y sobre todo práctica de la orden de protección y del estatuto integral que otorgará a sus beneficiarias a partir del momento en que la decrete el juez —de guardia u ordinario— encargado.
La orden de protección viene a saldar, en palabras de Mª Jesús Sáinz, del PP, «una deuda pendiente» de las instituciones políticas con las víctimas de la violencia de género; al menos el 11% de las españolas mayores de edad, según cálculos oficiales.
No caben, sin embargo «lecturas triunfalistas», advirtió Mercé Pigem, de CiU. Lo más duro sigue pendiente, erradicar la violencia y la concepción patriarcal y machista enraizada aún en la sociedad española.
Los grupos parlamentarios se han comprometido a tramitar de manera urgente a lo largo del mes de junio la Ley del Estatuto de Protección Integral de la Víctimas. De este modo podría entrar en vigor antes del verano, esperan todos, sin nuevas demoras.