El Tribunal Supremo dicta que un cliente reciba una indemnización por la impericia de su abogado
(Los colaboradores de la Administración de Justicia también tienen responsabilidades)
EFE. MADRID
El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho a unos clientes a cobrar una indemnización de 18.030 euros (3 millones de pesetas) por la «impericia o falta de diligencia» de su abogado, quien no propuso las pruebas necesarias para defender sus intereses respecto a un tema de expropiación.
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En una sentencia de la Sala de lo Civil, el Supremo estima el recurso presentado por varios particulares y establece esta indemnización «por la pérdida de oportunidad» que sufrieron de defender con éxito sus intereses ante los tribunales por la actuación del abogado, además de por el daño moral ocasionado.
En concreto, la indemnización debe ser abonada por la compañía de seguros «Aurora Polar», con la que el Colegio de Abogados de Oviedo, al que pertenece el letrado Salvador C., tenía concertada una póliza de responsabilidad civil.
Un juzgado de Oviedo estimó la demanda de los perjudicados y condenó a la aseguradora a indemnizarles en más de 27 millones de pesetas, aunque luego la Audiencia provincial anuló esta resolución porque consideró que «no se puede responsabilizar al abogado de una gestión procesal inadecuada, ni entender que se ha producido alguna clase de perjuicio».
Ahora, el Supremo da la razón a la reclamante y a sus hijos, quienes encomendaron la impugnación ante la Audiencia de las resoluciones adoptadas por el Jurado Provincial de Expropiación respecto a los expedientes de justiprecio de fincas afectadas por la ejecución de determinadas obras.
En concreto, la indemnización debe ser abonada por la compañía de seguros «Aurora Polar», con la que el Colegio de Abogados de Oviedo, al que pertenece el letrado Salvador C., tenía concertada una póliza de responsabilidad civil.
Un juzgado de Oviedo estimó la demanda de los perjudicados y condenó a la aseguradora a indemnizarles en más de 27 millones de pesetas, aunque luego la Audiencia provincial anuló esta resolución porque consideró que «no se puede responsabilizar al abogado de una gestión procesal inadecuada, ni entender que se ha producido alguna clase de perjuicio».
Ahora, el Supremo da la razón a la reclamante y a sus hijos, quienes encomendaron la impugnación ante la Audiencia de las resoluciones adoptadas por el Jurado Provincial de Expropiación respecto a los expedientes de justiprecio de fincas afectadas por la ejecución de determinadas obras.