Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

Ayuda práctica, jurídica y psicológica padres, madres, separados, divorciados e hijos

La Patria Potestad y el Tribunal Supremo

Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil

PATRIA POTESTAD.
Titularidad compartida.
Padre que dejó de cumplir sus deberes como tal, pues al poco tiempo del nacimiento del menor abandonó el hogar y se despreocupó de él.
Reanudación de la relación.
La despreocupación y alejamiento temporal no constituye causa suficiente para decretar privación de la patria potestad.
Derecho de visitas.
No debe ser objeto de interpretación restrictiva.
Régimen progresivo.

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La despreocupación y alejamiento temporal al menos externo y formal, sin perjuicio de la concurrencia de posibles desavenencias con la madre, no constituye causa suficiente para decretar privación de la patria potestad, ya que, tampoco estamos ante un supuesto de desamparo total al menor (SS 5 Oct. 1987 y 11 Oct. 1991), razones todas suficientes para el rechazo del motivo.

Segundo. En este último motivo se aporta como infringido el art. 160 CC, para lo que se aduce que el régimen de visitas que la sentencia establece no resultaría beneficioso para el menor, sino más bien perjudicaría sus intereses y lo perturbarían.

Se trata de una afirmación gratuita, carente de la necesaria adveración probatoria, que contradice el referido art. 160 en cuanto establece el derecho del padre o de la madre a relacionarse con sus hijos, aunque no ejerzan la patria potestad.

Resulta precepto imperativo al declarar que no podrán impedirse las relaciones personales sin justa causa y, al tiempo, en caso de conflicto, se autoriza a los jueces a resolver lo más conveniente, atendiendo a las circunstancias y es lo que con todo acierto, ponderación y racionalidad adecuada decidió la sentencia que se recurre, atendiendo principalmente al informe psicológico aportado a las actuaciones, precisamente a instancias de la recurrente, que pone de manifiesto que la relación paterno-filial resultarían en este caso beneficiosas para el menor y no es factor excluyente la falta de comunicación en el pasado, pues, al contrario, actuaría más bien con efectos recuperadores para restaurar una relación rota, propiciada por el contacto personal del padre con su hijo, y que resulta del todo oportuna atendiendo la edad de éste.

La sentencia establece a tales efectos medidas controladas graduables, sucesivas y no definitivas, para que precisamente pudieran ser modificadas, según fueran evolucionando las relaciones (S 22 May. 1993), pues, dejando a los progenitores la oportunidad de establecer acuerdos para la forma de practicar el régimen de visitas, se toma la previsión, si esto no se produce, de fijar cautelarmente una primera etapa consistente en la comunicación la tarde de los sábados de 17 a 20 h en presencia de la madre o algún familiar del entorno materno, para seguidamente, de forma progresiva, al darse resultados satisfactorios a los intereses y estado anímico del menor, ir aumentando la comunicación.

En caso contrario, y aquí es donde las previsiones judiciales resultan intensas y decisivas, bien se mantendría la relación que queda dicha o se suspendería. Se toma también la medida de llevarse a cabo un seguimiento detallado del desarrollo de la relación paterno-filial que se instaura y también se restaura.

No cabe decisión más juiciosa y acoplada a las circunstancias del caso, al resultar completa y con proyección al futuro.

El derecho de visitas no debe ser objeto de interpretación restrictiva por su propia fundamentación filosófica y tratarse de un derecho que actúa válidamente para la reanudación de las relaciones entre los padres y los hijos, evitando rupturas definitivas o muy prolongadas por el tiempo, que resultan difíciles de recuperar.

Este derecho solo cede en caso de darse peligro concreto y real para la salud física, psíquica o moral del menor <$> (SS 30 Abr. 1991, 19 Oct. 1992 y 22-5 y 21 Jul. 1993).

En este sentido se pronunció el Pleno del Parlamento Europeo el 17 Nov. 1992, con referencia a los casos de divorcio de las parejas europeas que no tuvieran la misma nacionalidad. Según la Cámara la suspensión del derecho de visitas solo ha de aplicarse si se pone con elevada probabilidad, directa y seriamente en peligro la salud física o psíquica del hijo y también si existe una resolución incompatible ya ejecutable al respecto. <$>

El motivo perece.

Tercero. Al no prosperar el recurso han de imponerse sus costas a la recurrente, de conformidad al art. 1715 LEC, con pérdida del depósito constituido.