Una jueza con el apoyo de una fiscal impide a un padre divorciado ver a su hija porque no quiere separarse de él
ABC 30 de Enero 2003
Algunos jueces carecen, no ya del sentido de la justicia, sino de sentimientos.
Estos atropellos no pueden quedar impunes.
Los jueces deben responder ante los hombreS, no sólo ante DIOS
Publicado el
·«Si la ley no cambia seguirán estas barbaridades»
Exigimos, con cortesía y contundencia, se investigue desde el Consejo General del Poder Judicial, la actuación y resoluciones de la Jueza: Susana Caballero y de la Fiscal: Adela García, y del equipo psicosocial del juzgado declarando si son constitutivas de DELITOS contra una menor, a quien se debe amparo Constitucional, y de un Padre de Familia, con quien nos solidarizamos por declaración Estatutaria.
R. BARROSO
La Asociación para la Defensa del Ciudadano califica la medida judicial de «maltrato institucional» y un intento de desarraigar a la menor del afecto de su padre
MADRID.
Un juzgado de Huelva ha determinado la retirada del régimen de visitas a un padre porque su hija, de cinco años, «presenta rechazo al separarse de él y una verdadera angustia y sufrimiento en los intercambios al finalizar la visita, que le producen una situación de estrés que para nada le beneficia».
Este hecho ha sido denunciado por la Asociación para la Defensa del Ciudadano, que ha calificado la medida de «maltrato institucional».
La lucha de este padre por poder pasar más tiempo con su hija se inicia un 5 de enero del año 2000.
El matrimonio, que había asistido a la Cabalgata de Reyes en compañía de la pequeña, inició una fuerte discusión en la que se producen agresiones de la madre hacia el padre y la niña, según relata Mariano Orta, de la Asociación para Defensa del Ciudadano.
Tras la intervención policial, los servicios sociales deciden que la menor se quede con su padre, una vez que la pareja comunica que iniciará los trámites de separación.
«El lunes, el padre lleva a la pequeña a la guardería -relata Orta- y cuando vuelve le comunican que su madre se la ha llevado».
A partir de ahí, la madre se va a Cádiz e ingresa en un centro de acogida, «alegando maltrato como estrategia para conseguir ventajas comparativas en el proceso de divorcio», explica Orta. Un proceso que se lleva a cabo y que fija en tres fines de semana cada mes el derecho del padre a visitar a su hija, decisión que más tarde es impugnada por la madre y que queda reducida a 48 horas al mes, repartidos en fines de semana alternos.
La angustia que sufre la pequeña tras la separación de su padre al término de los días de visita motiva un informe por parte de la Consejería de Asuntos Sociales, que es remitido al Juzgado. En ese informe se hace constar que «la difícil situación de angustia que la niña vive en el Punto de Encuentro condiciona que la pequeña lo vea de forma agresiva para ella, lo que unido a la resistencia a separarse mostrada por la menor, hacen que para el efectivo cumplimiento del régimen de visitas establecido judicialmente, la intervención de este servicio, finalmente debe limitarse a «arrancar» a la niña de los brazos del padre; lo que además de ser negativo para la menor, es contrario a la finalidad y objetivos de este programa».
Un hecho en el que coincide el Ministerio Fiscal, que reconoce que la separación de ambos «influye negativamente en el equilibrio emocional de la menor y le colocan en una situación de riesgo».
En vista de lo cual y para evitarlo, se propone «la suspensión del régimen de visitas con su padre hasta que por el equipo psicosocial se emita el informe a la vista del cual se decidirá sobre el mantenimiento o el alzamiento de la medida».
Un informe que, siempre según Orta, «puede tardar un año y producirá un importante desarraigo de la pequeña con su padre».
«Feminismo exterminador»
El padre de la menor ha calificado la decisión judicial de «parcial, sectaria, inhumana, maliciosamente injusta y atentatoria contra los más elementales derechos humanos de la infancia, como el derecho de todo niño a ejercer en libertad el desarrollo de su personalidad, sus inclinaciones y sus preferencia afectivas».
Asimismo indica que, a su juicio, la Administración de Justicia de Huelva está «dominada por un sentimiento ideológico identificado con el feminismo más exterminador, aquel que quisiera hacer desaparecer de la faz de la tierra al hombre como género y a la figura del padre como especie».
Por ello, estudia presentar una querella por prevaricación o bien una recusación del juez por «enemistad manifiesta».
Exigimos, con cortesía y contundencia, se investigue desde el Consejo General del Poder Judicial, la actuación y resoluciones de la Jueza: Susana Caballero y de la Fiscal: Adela García, y del equipo psicosocial del juzgado declarando si son constitutivas de DELITOS contra una menor, a quien se debe amparo Constitucional, y de un Padre de Familia, con quien nos solidarizamos por declaración Estatutaria.
R. BARROSO
La Asociación para la Defensa del Ciudadano califica la medida judicial de «maltrato institucional» y un intento de desarraigar a la menor del afecto de su padre
MADRID.
Un juzgado de Huelva ha determinado la retirada del régimen de visitas a un padre porque su hija, de cinco años, «presenta rechazo al separarse de él y una verdadera angustia y sufrimiento en los intercambios al finalizar la visita, que le producen una situación de estrés que para nada le beneficia».
Este hecho ha sido denunciado por la Asociación para la Defensa del Ciudadano, que ha calificado la medida de «maltrato institucional».
La lucha de este padre por poder pasar más tiempo con su hija se inicia un 5 de enero del año 2000.
El matrimonio, que había asistido a la Cabalgata de Reyes en compañía de la pequeña, inició una fuerte discusión en la que se producen agresiones de la madre hacia el padre y la niña, según relata Mariano Orta, de la Asociación para Defensa del Ciudadano.
Tras la intervención policial, los servicios sociales deciden que la menor se quede con su padre, una vez que la pareja comunica que iniciará los trámites de separación.
«El lunes, el padre lleva a la pequeña a la guardería -relata Orta- y cuando vuelve le comunican que su madre se la ha llevado».
A partir de ahí, la madre se va a Cádiz e ingresa en un centro de acogida, «alegando maltrato como estrategia para conseguir ventajas comparativas en el proceso de divorcio», explica Orta. Un proceso que se lleva a cabo y que fija en tres fines de semana cada mes el derecho del padre a visitar a su hija, decisión que más tarde es impugnada por la madre y que queda reducida a 48 horas al mes, repartidos en fines de semana alternos.
La angustia que sufre la pequeña tras la separación de su padre al término de los días de visita motiva un informe por parte de la Consejería de Asuntos Sociales, que es remitido al Juzgado. En ese informe se hace constar que «la difícil situación de angustia que la niña vive en el Punto de Encuentro condiciona que la pequeña lo vea de forma agresiva para ella, lo que unido a la resistencia a separarse mostrada por la menor, hacen que para el efectivo cumplimiento del régimen de visitas establecido judicialmente, la intervención de este servicio, finalmente debe limitarse a «arrancar» a la niña de los brazos del padre; lo que además de ser negativo para la menor, es contrario a la finalidad y objetivos de este programa».
Un hecho en el que coincide el Ministerio Fiscal, que reconoce que la separación de ambos «influye negativamente en el equilibrio emocional de la menor y le colocan en una situación de riesgo».
En vista de lo cual y para evitarlo, se propone «la suspensión del régimen de visitas con su padre hasta que por el equipo psicosocial se emita el informe a la vista del cual se decidirá sobre el mantenimiento o el alzamiento de la medida».
Un informe que, siempre según Orta, «puede tardar un año y producirá un importante desarraigo de la pequeña con su padre».
«Feminismo exterminador»
El padre de la menor ha calificado la decisión judicial de «parcial, sectaria, inhumana, maliciosamente injusta y atentatoria contra los más elementales derechos humanos de la infancia, como el derecho de todo niño a ejercer en libertad el desarrollo de su personalidad, sus inclinaciones y sus preferencia afectivas».
Asimismo indica que, a su juicio, la Administración de Justicia de Huelva está «dominada por un sentimiento ideológico identificado con el feminismo más exterminador, aquel que quisiera hacer desaparecer de la faz de la tierra al hombre como género y a la figura del padre como especie».
Por ello, estudia presentar una querella por prevaricación o bien una recusación del juez por «enemistad manifiesta».