Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

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EL TRIBUNAL DE CUENTAS DETECTA FALTA DE CONTROL EN LAS SUBVENCIONES

AL PLAN CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA

DIARIO DE VALLADOLID, MARTES 21 DE ENERO DE 2.003

JUSTICIA NO CONTROLÓ EL DESTINO QUE DABAN LOS COLEGIOS DE ABOGADOS A LAS AYUDAS

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MADRID.- El Tribunal de Cuentas ha detectado anomalías en el control financiero de las subvenciones del Gobierno central para la financiación del Plan contra la Violencia Doméstica en los servicios de guardia de varias provincias, entre ellas León y Valladolid, según consta en el informe de fiscalización de los tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal, al que tuvo acceso Ical.

El I Plan de Acción contra la violencia doméstica (1998-2000), aprobado el 30 de abril de 1998 por el Consejo de Ministros preveía impulsar con carácter urgente una red de servicios de asistencia jurídica a las víctimas de la violencia doméstica.

No obstante, hasta los presupuestos del año 2.000 no se dota por primera vez el concepto presupuestario "Acciones Plan contra la violencia doméstica" con un crédiro de 461.445 euros.

Mediante un convenio de colaboración suscrito el 29 de junio de 2.000 entre el Ministerio de Justicia y el Consejeo General de la Abogacía se establece la financiación por parte del Ministerio de Justicia para la implantación y funcionamiento de varios servicios en los Colegios de Abogados de su ámbito.

Entre ellas, destaca el servicio de guardias permanentes de 24 horas, establecido en los colegios de abogados de Badajoz, Cantabria, León, Madrid, Melilla, Murcia, Oviedo, Toledo, Valladolid y Zaragoza, financiado con 439.759 euros anuales, y servicios ordinarios de asesoramiento especializado en los 22 colegios restantes, con 132.530 euros anuales.

El Tribunal de Cuentas ha detectado que, a pesar de lo establecido en el convenio, el Consejo General de la Abogacía era en la práctica quien establecía los criterios de distribución del crédito entre los Colegios de Abogados.

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia (DGRAJ) ni siquiera tiene conocimiento de dichos criterios.

Tampoco se tiene constancia en la Dirección General de las actuaciones ds control que pudiera estar practicando el Consejeo sobre el destino dado por los Colegios a las cantidades percibidas.

Ni tampoco ha establecido este órgano ministerial ningún control sobre la documentación que remita al Consejo.

En la liquidación que presenta el Consejo en su Memoria Anual no se refleja una clara diferenciación entre las subvenciones destinadas a la asistencia jurídica gratuita y al Plan contra la violencia doméstica.