Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

Ayuda práctica, jurídica y psicológica padres, madres, separados, divorciados e hijos

Exención del I.V.A.

El Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia nos da la razón.
La AEAT pretendía que pagáramos IVA por las cuotas

Publicado el

Ministerio de Economía y Hacienda
Secretaría de Estado y Hacienda
Tribunal Económico Administrativo Central

Tribunal Económico-Administrativo
Regional de Galicia

C/Comandante Fontanes, 10, 4' 15071 LA CORUNA

PRESIDENTE
D. Pedro Ibáñez Brillas
VOCALES
D. Jose F. de Ron Pedreira
D. Manuel J. Dosío López
Dª Ana López Peña

ABOGADO DEL ESTADO-SECRETARIO
Dª Consuelo Castro Rey

VlSTA en sesión celebrada en la ciudad de La Coruña el día 9 de octubre de 1997, con asistencia de las personas que al margen se expresan la reclamación número 15/3861/95, formulada por D. ANTONIO MANUEL DÍAZ PlÑElRO en representación de la "ASOCIACION GALEGA DE PAIS E NAIS SEPARADOS" contra acuerdo del Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de La Coruña desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra la denegación de exención del Impuesto sobre el Valor Añadido.

HECHOS:

I. El 31 de octubre de 1995 se interpone reclamación económico-administrativa contra el mencionado acuerdo alegando, en síntesis, que se trata de una asociación que carece de finalidad lucrativa alguna, siendo los fines que la misma persigue de naturaleza filantrópica o cívica y llevando a cabo una más que meritoria labor social, protegiendo, allí donde otras instituciones no Llegan, los derechos fundamentales de las personas y el ejercicio efectivo de los mismos.

Labor que, por otra parte, no se dirige exclusivamente en favor de un colectivo, toda vez que no siendo el acceso a la asociación restringido, cualquier ciudadano es un miembro potencial de la misma, y de igual manera, cualquier ciudadano puede ser beneficiario de los logros alcanzados por dicha asociación en defensa de los derechos de las personas en relación con situaciones de ruptura de la unidad familiar. Por tanto considera que le es de aplicación el artículo 20.Uno.12' de la Ley 37/1992.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I. La presente reclamación ha sido interpuesta en tiempo y forma por persona legitimada, siendo este Tribunal competente para el conocimiento de la misma.

II. La cuestión que plantea el presente expediente es la de determinar la calificación que, a efectos del impuesto cobre el Valor Añadido tiene la entidad interesada y, en consecuencia, sus condiciones de sujeción o no sujeción y, en su caso, la exención del citado Impuesto.

III. El artº. 4 de la vigente Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto Sobre el Valor Añadido establece la sujeción al impuesto sobre el Valor Añadido de las entregas de bienes y prestaciones de Servicios realizadas por empresarios o profesionales a título oneroso con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional.
Sin perjuicio de que otros preceptos de la misma Ley y del Reglamento de desarrollo aclaren y amplíen el concepto, es suficiente lo anterior para señalar como elementos necesarios a efectos de que una operación quede sujeta al Impuesto los siguientes:

1º.- ha de tratarse de una entrega de bienes o prestación de servicios

2º.- ha de ser realizada por un empresario o profesional

3º.- la entrega de bienes o prestación de servicios de que se trate ha de ser realizada en el ejercicio de la actividad empresarial o profesional.

En la medida en que la entidad interesada en la reclamación pueda realizar entrega de bienes o prestación de servicios, así se deduce de su objeto y finalidad estatutaria, concurre el primero de los elementos mencionados

El concepto de empresario o profesional viene dado por el artº 5 de la Ley 37/1992, conforme al cual, en lo que ahora interesa, se reputan empresarios o profesionales, sin que tengan esta consideración, sin embargo, quienes realicen entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito; añade seguidamente la Ley que las sociedades mercantiles se reputan en todo caso empresarios o profesionales, lo que se contemplaba en el artº 4.2 a) de la Ley 37/1992 al establecer que las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por sociedades mercantiles se entenderán, en todo caso, realizadas en el ejercicio de una actividad empresarial o profesional.

Es evidente que la entidad interesada no es una sociedad mercantil, de forma que para su calificación como empresario o profesional deberá atenderse a sus actividades concretas, sin que sea posible de forma apriorística como el caso de las sociedades mercantiles.

Del mismo modo, si por razón del conjunto o alguna parcela de la actividad desarrollada la entidad se califica a efectos fiscales como empresario o profesional, la sujeción de una actividad concreta dependerá del ámbito en que se realiza, en tanto que, no siendo sociedad mercantil, tampoco existe para ella un precepto que atribuya, con carácter general, el calificativo de empresarial o profesional a todas sus entregas de bienes y prestaciones de servicios.