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La Audiencia concede a una mujer el cobro de una pensión de su ex pareja de hecho

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La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha impuesto a un ciudadano la obligación de pasar una pensión mensual de 120,2 euros a su ex pareja de hecho, madre de dos hijos. La sentencia de la Sala, del pasado mes de octubre, estimó parcialmente el recurso de apelación formulado por el representante legal de la mujer, el letrado José Domingo Guerra Guerra, contra el fallo del Juzgado de Primera Instancia número tres de Las Palmas, de noviembre de 2001, que negaba la petición de la denominada pensión compensatoria, si bien otorgaba a la compañera del demandado la custodia de los dos niños, el uso de la vivienda familiar y una pensión de alimentos de 80.000 pesetas mensuales.

La resolución de la Audiencia, además de confirmar todos estos extremos, viene a aplicar la doctrina del Tribunal Supremo fijada por sentencia de 5 de julio de 2001, que interpreta el Código Civil de forma análoga al matrimonio para las parejas de hecho, además de considerar el principio constitucional de igualdad.

La Sala recuerda que el alto tribunal, al observar que no todas las comunidades autónomas regulan las uniones de hecho, procede a aplicar la citada analogía, "pues otra solución conduciría a establecer dos clases de españoles, según su autonomía tuviera o no dictada ley de parejas de hecho".

Los condicionantes

La Audiencia Provincial considera "procedente" acoger el recurso de apelación y fijar la citada "pensión periódica por desequilibrio económico", que cifra en los 120,2 euros, una decisión que adopta el tribunal una vez atendida "la duración de la convivencia de esta pareja estable de hecho", 18 años; "la dedicación de la apelante al hogar e hijos comunes"; "que la recurrente no ha tenido retribución fija" o que ésta, en todo caso, ha sido "insuficiente para su sustento autónomo"; su situación de desempleo y el hecho de que "su dedicación a los hijos comunes limita o dificulta aún más la realización de una actividad laboral".

Bajo estas condiciones, para la Sección Cuarta de la Audiencia "es clara la situación de desigualdad económica producida, puesto que incluso la apelante necesita de la pensión periódica solicitada en su demanda para atender a su sustento material".

Con anterioridad, la sentencia que viene a resolver la acción contra la resolución del Juzgado de Primera Instancia recalca que "la apelante ha estado conviviendo con el apelado de forma estable y plena, de hecho, pero con apariencia de matrimonio, de manera consentida y querida por ambos durante unos 18 años aproximadamente", que fruto de dicha unión nacieron dos hijos, que "el apelado abandonó el domicilio familiar quedando los hijos en compañía de la madre" y que el que fuera compañero de la recurrente "desde la ruptura de la convivencia ha ingresado a la apelante cantidades que oscilan desde las 100.000 a las 85.000 pesetas para sufragar los gastos familiares".

(Nota: no consta que se fije plazo, con lo que la pensión es vitalicia en la práctica y los herederos del obligado a pagar heredarían esa obligación en caso de fallecimiento de éste. - Ver sentencia en esta misma página)