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Una mujer demanda a España ante la UE por el secuestro de su hijo

Acusa al Estado de no haber hecho nada por recuperarlo después de que se lo llevara su ex marido / El Tribunal Europeo de Derechos Humanos admite a trámite la demanda por vulneración del derecho a la vida familiar.

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El MUNDO 24 de Marzo de 2002
ANTONIA ARTIGUES

PALMA.-
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido a trámite una demanda contra el Estado español por la supuesta violación, a través de sus órganos jurisdiccionales, del Convenio Europeo de Derechos Humanos en un caso de supuesto secuestro monoparental.

Es la primera vez que se acepta la tramitación de una demanda contra España por la presunta infracción del «derecho a la vida familiar», recogido en el artículo octavo de la Convención Europea de Derechos Humanos.

La demandante, madre del niño, sostiene que ni las autoridades judiciales ni el Ministerio Público español han actuado de forma diligente en el tratamiento de la denuncia por el secuestro de su hijo.
En particular, María I. G., una profesora de 38 años, acusa al Ministerio Público de no haber realizado en ningún momento acción alguna destinada a encontrar al niño y extiende esa falta de interés por recuperar al niño secuestrado a todos los órganos jurisdiccionales que han conocido el asunto.

Desde el Juzgado de Instrucción número cinco de Vigo, hasta la Audiencia Provincial de Pontevedra e incluso el Tribunal Constitucional, que desestimó el recurso de amparo.

Ahora, al haber sido admitida a trámite por el Tribunal Europeo la demanda planteada por el abogado mallorquín Juan Francisco Thomas Mulet, el Estado se ha visto obligado a explicar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la actuación de sus jueces y fiscales.

Aún hoy, y después de que se haya admitido a trámite su demanda, María que el 8 de junio de 2000 consiguió recuperar a su hijo escapando de su ex marido con la ayuda de la policía vive escondida.

La «pesadilla» de María I. G. arranca en febrero de 1997 cuando su ex marido «desaparece» con su hijo, de 13 meses de edad.
De inmediato, María presenta una denuncia por el secuestro ante la policía, remitiéndose el caso al Juzgado de Instrucción número cinco de Vigo.
Además, pone los hechos en conocimiento del Juzgado de Familia, que suspende el régimen de visitas concedido al padre del menor.

En el marco de la instrucción de la denuncia se desestiman sistemáticamente todas solicitudes de prueba tendentes a dar con el paradero del niño y de su padre, oponiéndose el juez instructor también a la emisión de una orden de busca y captura contra el padre pese a que la policía había remitido al juzgado pruebas de que había volado con el menor a Nueva York.

La madre denuncia la presunta comisión de delitos de detención ilegal, coacciones y extorsión pero el juez entiende que sólo se puede hablar de una presunta falta de desobediencia al régimen de visitas y deniega la orden de busca y captura internacional. El abogado Juan Francisco Thomas destaca en su demanda al Tribunal Europeo cómo la actuación del Juzgado de Instrucción 5 de Vigo contrasta, por ejemplo, con la del Juzgado de Instrucción 2 de Alcobendas que en un asunto que Thomas califica en su demanda de «idéntico» al de María y su hijo entendió un caso de secuestro monoparental de un menor como presunta comisión de delitos de detención ilegal, coacciones y desobediencia.

Añade el abogado cómo incluso en un informe elevado por el magistrado instructor a la Audiencia de Pontevedra, el juez llegó a indicar que «lo que en ningún caso puede hacer el juzgado es convertirse en marioneta de los celos de una determinada señora...»