Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

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La Asociación española de abogados de familia reclama jurisdicción propia para conflictos de familia

CARTA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO A LA PROPUESTA DE NUESTRO PRESIDENTE DE CREAR UNA JURISDICCIÓN PROPIA EN MATERIA DE CRISIS DE CONVIVENCIA FAMILIAR Y DE PAREJA

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1°. Todos los ciudadanos, con independencia del lugar en el que residan, tienen derecho a que la tutela judicial que demandan en los casos de crisis de convivencia sea impartida por Juzgados de Familia, debiendo desaparecer la situación actual, según la cual en función de su lugar de residencia, el procedimiento de nulidad, separación o divorcio, es resuelto o no por Juzgados de Familia.

2°. Una vez implantados en todo el territorio nacional los Juzgados de Familia, estos deben ser servidos por miembros de la carrera judicial especializados en esa materia, debiéndose crear al efecto tal especialización de igual modo que ya existe para otras materias.

Junto al juez especialista en esta materia, deben de existir equipos de profesionales que adscritos de forma directa al órgano judicial presten a su titular la colaboración y el auxilio que el mismo necesita para que su decisión pueda contar con el acierto y rigor que requiere toda resolución que afecta a las crisis de convivencia.

3°. Los procedimientos relativos o que afectan al derecho de familia, en su doble vertiente civil o penal, necesitan simplificarse y agilizarse al máximo, de tal forma que respetando siempre los principios básicos que debe tener todo proceso, se eviten dilaciones excesivas o se eliminen trámites y requisitos como los existentes en este momento, que hacen que las parejas tengan que repetir trámites y actuaciones judiciales hasta que definitivamente se produce la disolución de su matrimonio.

En el caso de la jurisdicción penal, los procedimientos relativos a delitos relacionados con la denominada "violencia domestica", deberían tener prioridad en su enjuiciamiento, aplicando a todos ellos, o al menos a su gran mayoría las previsiones que para los juicios rápidos contempla la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 790).

4°. Las leyes de procedimiento deben contemplar de forma homogénea y expresa el cauce procesal por el que deben resolverse todas aquellas cuestiones que afectan a las parejas de hecho, evitando así la situación actual en la que la misma pareja puede verse sometida a procedimientos distintos ante juzgados diferentes, según tenga que resolver aspectos económicos de su relación o cuestiones relativas a sus hijos.

Una vez implantados en todo el territorio nacional los Juzgados de Familia, parece adecuado que sean esta clase de juzgados, por su especialidad los que entiendan de todos aquellos procedimientos que afectan a las parejas de hecho.