DIVORCIO EN ESPAÑA, EN BUSCA DEL RESPETO
La causa del divorcio es el matrimonio. Esta afirmación la hizo el gran cómico, ya fallecido, Groucho Marx.
Si alguien quisiera buscar razones filosóficas o morales, sobre si el divorcio es bueno o es malo, debe pedírselas al estado español
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La falta de conocimiento de dicho derecho, la manipulación que se hace del mismo, y los graves problemas sociales que plantea en muchos casos crean mucho de lo que se llama violencia doméstica.
En Castilla y León estamos discriminados. No tenemos las leyes de mediación familiar que hay en Cataluña, Galicia o País Valenciano. En Castilla -La Mancha, como una de las medidas de prevención de la violencia, se ofrece mediación familiar gratuita cuando hay una convivencia difícil.
El Consejo de Europa es partidario de mediación familiar para tratar situaciones complejas de familia.
La Junta de Castilla y León manifiesta que, desde la estructura existente, se atienden las actuaciones prevención de las situaciones de riesgo que, para los menores, pueden conllevar los supuestos de ruptura de pareja o matrimonial, en contra del criterio de Excmo. Sr. Procurador del Común de Castilla y León.
En ciudades como Burgos, León, Salamanca o Valladolid las denuncias de esposas y madres se hacen en Comisarías o Guardia Civil, ninguna en el Juzgado de Guardia.
Menores son ingresados en casas de acogida y otros lugares sin que los padres sean informados, sin que ningún juez tutele sus derechos, únicos y personales, distintos de sus madres.
Organizaciones feministas y colectivos de abogadas influyen en decisiones y conductas de esposas y madres, con grave deterioro de la institución matrimonial, con grave violación de derechos de menores.
Cuando digo y manifiesto que hay que buscar el respeto del divorcio, más que el razonamiento del mismo, que no exige la ley, es como reconocimiento de un derecho que tienen todas las casadas y casados.
Todas las esposas de España pueden obtener el divorcio en virtud del artículo 86-4º del Código Civil, que indica como causa de divorcio:
"El cese efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurso de al menos cinco años, a petición de cualquiera de los cónyuges".
Me temo que si alguna esposa quiere denunciar al esposo que ella eligió, libremente, debe conocer dicho artículo y dicho camino para acceder al divorcio, antes de que nos obligue a recoger y atender su denuncia, sin que su esposo esté presente. Quizá quiera llevarse a los hijos a una casa de acogida, sin que se entere el esposo y padre y, me temo, que ningún juez.
Me temo que si no quiere o puede acceder al divorcio por dicho camino, la sociedad debería encauzarla hacia un mediador familiar. A lo mejor hay que hablar de dos trabajos, de dos viviendas y, luego, de los hijos, y si quiere del matrimonio.
La mediación familiar no mata. El hablar de problemas sociales no mata. El hablar de los hijos no mata.
Me temo que hay mucho que denunciar antes que al esposo y marido, que libremente escogen todas las mujeres españolas que nos piden que aceptemos su matrimonio.
Respeto la separación y el divorcio, que nos exige la ley que respetemos.
Pero me temo que si la ley no obliga a conocer las razones, que pueden ser muchas y variadas, para separarse y divorciarse, si debiera obligar a los esposos a sentarse, con un mediador familiar, y hablar de trabajos, viviendas y menores, y si quieren los dos de ver la manera de seguir juntos.
Sí a utilizar un derecho que da la ley, pero obligación de responsabilizarse de las consecuencias. Expulsar a padres de familia, porque también obliga la ley, es un acto de barbarie al cual no obliga la ley. Hay que pedirlo expresamente, como la separación y el divorcio.
Siente el estado y la Junta de Castilla y León a las esposas con problemas, CON UN MEDIADOR FAMILIAR Y SU ESPOSO, en vez de animarlas a denunciar a una persona que libre y voluntariamente eligieron: su esposo.
¿ Tendrá algún interés la Junta de Castilla y León en no facilitar MEDIACION FAMILIAR a las familias que atraviesen dificultades, como hacen otras comunidades?.
Valladolid, 10 de Marzo de 2.002
Jesús AYALA CARCEDO.
En Castilla y León estamos discriminados. No tenemos las leyes de mediación familiar que hay en Cataluña, Galicia o País Valenciano. En Castilla -La Mancha, como una de las medidas de prevención de la violencia, se ofrece mediación familiar gratuita cuando hay una convivencia difícil.
El Consejo de Europa es partidario de mediación familiar para tratar situaciones complejas de familia.
La Junta de Castilla y León manifiesta que, desde la estructura existente, se atienden las actuaciones prevención de las situaciones de riesgo que, para los menores, pueden conllevar los supuestos de ruptura de pareja o matrimonial, en contra del criterio de Excmo. Sr. Procurador del Común de Castilla y León.
En ciudades como Burgos, León, Salamanca o Valladolid las denuncias de esposas y madres se hacen en Comisarías o Guardia Civil, ninguna en el Juzgado de Guardia.
Menores son ingresados en casas de acogida y otros lugares sin que los padres sean informados, sin que ningún juez tutele sus derechos, únicos y personales, distintos de sus madres.
Organizaciones feministas y colectivos de abogadas influyen en decisiones y conductas de esposas y madres, con grave deterioro de la institución matrimonial, con grave violación de derechos de menores.
Cuando digo y manifiesto que hay que buscar el respeto del divorcio, más que el razonamiento del mismo, que no exige la ley, es como reconocimiento de un derecho que tienen todas las casadas y casados.
Todas las esposas de España pueden obtener el divorcio en virtud del artículo 86-4º del Código Civil, que indica como causa de divorcio:
"El cese efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurso de al menos cinco años, a petición de cualquiera de los cónyuges".
Me temo que si alguna esposa quiere denunciar al esposo que ella eligió, libremente, debe conocer dicho artículo y dicho camino para acceder al divorcio, antes de que nos obligue a recoger y atender su denuncia, sin que su esposo esté presente. Quizá quiera llevarse a los hijos a una casa de acogida, sin que se entere el esposo y padre y, me temo, que ningún juez.
Me temo que si no quiere o puede acceder al divorcio por dicho camino, la sociedad debería encauzarla hacia un mediador familiar. A lo mejor hay que hablar de dos trabajos, de dos viviendas y, luego, de los hijos, y si quiere del matrimonio.
La mediación familiar no mata. El hablar de problemas sociales no mata. El hablar de los hijos no mata.
Me temo que hay mucho que denunciar antes que al esposo y marido, que libremente escogen todas las mujeres españolas que nos piden que aceptemos su matrimonio.
Respeto la separación y el divorcio, que nos exige la ley que respetemos.
Pero me temo que si la ley no obliga a conocer las razones, que pueden ser muchas y variadas, para separarse y divorciarse, si debiera obligar a los esposos a sentarse, con un mediador familiar, y hablar de trabajos, viviendas y menores, y si quieren los dos de ver la manera de seguir juntos.
Sí a utilizar un derecho que da la ley, pero obligación de responsabilizarse de las consecuencias. Expulsar a padres de familia, porque también obliga la ley, es un acto de barbarie al cual no obliga la ley. Hay que pedirlo expresamente, como la separación y el divorcio.
Siente el estado y la Junta de Castilla y León a las esposas con problemas, CON UN MEDIADOR FAMILIAR Y SU ESPOSO, en vez de animarlas a denunciar a una persona que libre y voluntariamente eligieron: su esposo.
¿ Tendrá algún interés la Junta de Castilla y León en no facilitar MEDIACION FAMILIAR a las familias que atraviesen dificultades, como hacen otras comunidades?.
Valladolid, 10 de Marzo de 2.002
Jesús AYALA CARCEDO.